Un juzgado federal frenó la implementación del decreto presidencial que buscaba disolver Vialidad Nacional, al otorgar una medida cautelar solicitada por el sindicato del sector. La decisión judicial representa un nuevo obstáculo para las políticas de reestructuración del gobierno de Javier Milei.
La Justicia Federal asestó un golpe a la administración de libertaria al suspender hoy el decreto que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, concedió una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).
El fallo, que obliga al Poder Ejecutivo a abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto 461/2025 durante un plazo de seis meses, impide reubicaciones, traslados, despidos, suspensiones, pases a disponibilidad de personal y la supresión de estructuras vinculadas a la DNV.
La jueza Forns argumentó que se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de no innovar, protegiendo las condiciones laborales de los empleados de Vialidad Nacional. En su fundamentación, se refirió al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y a la protección constitucional y convenios de la OIT que impiden al Estado alterar unilateralmente las condiciones de trabajo establecidas por normas colectivas vigentes.
La magistrada también cuestionó el artículo 32 del decreto presidencial, que condiciona la estabilidad laboral del personal de Vialidad a la adecuación de la estructura organizativa. Según Forns, esta disposición "vulnera las normas y garantías laborales vigentes" al establecer una "fecha de vencimiento" para la estabilidad del personal.